Para
quienes hemos sido educados políticamente en sus filas, la izquierda representaba la alianza del progreso científico y de la justicia social. Es decir, la alianza entre los intelectuales y el
pueblo. El todo poderoso PCE de la transición acuñaría el eslogan “alianza de las fuerzas del trabajo y de la cultura”. Y hemos de convenir que en aquel entonces así
era, más o menos. Pero desde hace ya un par de décadas se ha operado lo que algunos pensadores han denominado doble divorcio. Por una parte entre los intelectuales y el pueblo y por la otra entre
el pueblo y el progreso. Y esta situación tiene naturalmente graves consecuencias para la democracia. Esencialmente, porque la política se ha convertido en una actividad elitista, como
consecuencia del control exclusivo que ejercen los partidos en la designación de sus representantes en las instituciones. Así sólo se puede construir una democracia para el pueblo, pero sin el
pueblo. De ahí el resurgimiento del populismo, que en definitiva no es otra cosa que el pueblo sin democracia. Esta ausencia de democracia acentúa aún más el desinterés de los ciudadanos por todo
lo público y en primer término por la política.
Quienes hemos conocido los ayuntamientos surgidos de las primeras elecciones municipales democráticas del postfranquismo, hemos de convenir que en 30 años su degradación ha sido una constante. Y esta situación, percibida como una fatalidad por la mayoría, es sola y exclusivamente responsabilidad de los partidos políticos. Más preocupados sus dirigentes por asegurar su continuidad que por el interés general. Una continuidad construida a base de pactos y negociaciones muchas veces inconfesables. El propio presidente del Gobierno, José Luís Rodríguez Zapatero alcanzó la Secretaría Provincial de su partido en León, merced a un pacto con militantes que posteriormente serían expulsados por motivos inconfesables. Y si nos referimos a su ascenso a la Secretaría Nacional, hemos de tener en cuenta que uno de sus apoderados era un tal Tamayo. El mismo que meses después vendería su voto al diablo para impedir que un compañero de partido presidiera la Comunidad de Madrid.